Desahucios y coronavirus ¿Cómo te afecta si eres el propietario?

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El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece una serie de medidas económicas y sociales que afectan a los desahucios por impago de alquiler.

La pandemia causada por el COVID-19 o coronavirus ha provocado que el Gobierno apruebe un paquete de medidas económicas y sociales, siendo una de las más importantes la paralización de los procedimientos de desahucio o incluso del propio lanzamiento ya fijado, en los alquileres de vivienda habitual, con la finalidad de proteger a las familias más vulnerables.

Ahora bien, ¡NO TODO VALE! A pesar de que el gran olvidado en las medidas aprobadas es el propietario o arrendador, quien ha quedado totalmente desprotegido y sin ningún tipo de seguridad a la hora de cobrar el alquiler pactado, deben cumplirse una serie de requisitos para que verdaderamente se paralice el desahucio y se suspenda el pago de la renta.

En este artículo analizamos con detalle cuáles son las medidas aprobadas por el Gobierno y qué opciones tiene el propietario para cobrar la renta o proceder al desahucio. Te lo explicamos:

1.- Suspensión de los desahucios durante 6 meses.

Actualmente, mientras siga en vigor el Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma, NO se podrán presentar procedimientos de desahucio por encontrarse paralizadas todas las actuaciones y plazos judiciales, lo cual ya de por sí supone una pérdida para el arrendador si el inquilino no abona la renta en este lapso temporal.

Una vez termine el estado de alarma, el arrendador podrá presentar demanda de desahucio en el Juzgado contra los inquilinos que no pagan la renta, pero si se acredita por parte de dichos inquilinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el desahucio quedará paralizado por un periodo máximo de 6 meses.

Esto no significa que por defecto siempre se paralicen los desahucios durante 6 meses, sino que el arrendatario tendrá que acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19.

Para ello, el Letrado de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales la situación del arrendador, y serán estos quienes determinen si verdaderamente se da esa situación de vulnerabilidad económica y social o no.

En caso de que así sea, el Letrado de la Administración de Justicia determinará la suspensión del procedimiento con carácter retroactivo a la fecha en que la vulnerabilidad se produjo, atendiendo al informe de los servicios sociales y por el tiempo estrictamente necesario, sin exceder de un máximo de 6 meses.

Además, hay que destacar que esta moratoria solo se aplica en los arrendamientos de vivienda, y no así en los de local comercial.

CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN:

≫ Que se acredite la situación de vulnerabilidad económica.

≫ Suspensión por el tiempo estrictamente necesario.

≫ Plazo máximo de

0
meses

2.- ¿Qué se entiende por situación de vulnerabilidad?

De conformidad con el art. 5 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para que se aprecie la situación de vulnerabilidad económica y social deben cumplirse conjuntamente los siguientes requisitos:

 Que el arrendatario se encuentre en una de estas tres situaciones: 

    • Situación de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).
    • Reducción de jornada por motivo de cuidados.
    • Que los ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no alcancen tres veces e IPREM (1.645€/mes aprox.) y con ciertas especialidades para el caso de familias numerosas, familias monoparentales y familias con mayores de 65 años o con personas con discapacidad a cargo). 

 Que el importe de la renta y los gastos y suministros básicos sean superiores o iguales al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Hay que tener en cuenta que no se considerará que existe situación de vulnerabilidad cuando el arrendatario o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar tengan en propiedad o en usufructo alguna otra vivienda en España, siempre y cuando la titularidad no sea solamente de una parte alícuota adquirida por transmisión mortis causa, y siempre y cuando no se acredite la no disponibilidad de dicha vivienda.

3.- ¿Y qué pasa con el propietario arrendador?

No cabe duda de que el gran olvidado por el paquete de medidas aprobadas es el arrendador. La crisis provocada por el coronavirus no afecta solamente al arrendatario. Son muchos los arrendadores que han perdido su trabajo, han visto disminuir sus ingresos y la única renta con la que cuentan es la del alquiler. O mejor dicho, contaban.

Lo más parecido que encontramos a una ayuda para el arrendador en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, es que en aquellos casos en los que la suspensión del pago de la renta afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado que se encuentran también en situación de vulnerabilidad causada por el COVID-19, se comunicará dicha circunstancia a los servicios sociales a los únicos efectos de que lo tengan en cuenta a la hora de determinar el plazo de suspensión para el arrendatario y las medidas de protección social a adoptar.

Es decir, que el arrendador, aunque se encuentre en la más precaria de las situaciones, lo único que va a poder hacer es tratar de acreditar su vulnerabilidad económica y social para que el plazo de moratoria concedido al arrendatario sea algo menor.

Como vemos, si bien es cierto que las medidas adoptadas pretenden garantizar el acceso a la vivienda en tiempos de crisis, no satisfacen a todas las partes puesto que habrá arrendadores que tengan aún más dificultades que los arrendatarios para llegar a fin de mes.

covid19

4.- Ayudas para el pago del alquiler en tiempos de pandemia.

El Gobierno, en un intento de no perjudicar en demasía a los propietarios arrendadores de viviendas, ha aprobado una línea de ayudas económicas para el pago de alquileres a través de un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, esto es, los conocidos como “Préstamos ICO”.

A través de este sistema, las entidades bancarias podrán ofrecer ayudas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida por culpa del COVID-19, para cubrir como máximo 6 mensualidades de renta.

Dichas ayudas deberán devolverse por los arrendatarios en un plazo máximo de 10 años, sin intereses ni gastos. En caso de que las ayudas no se destinen por el inquilino al pago del alquiler, se incurrirá en responsabilidad por todos los daños y perjuicios ocasionados.

Lo cierto es que seguramente la solicitud y concesión de estas ayudas conllevará un retraso en el tiempo considerable, lo cual sumado al retraso existente en la administración de justicia hará que los arrendadores se encuentren en la práctica en una situación de total desamparo.

⇨ Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo

Haz click si quieres conocer el texto completo con todas las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

5.- Preguntas frecuentes.

 ¿Puedo desahuciar a mi inquilino durante el estado de alarma?

No. Hasta que no termine el estado de alarma decretado no se podrán interponer demandas de desahucio en los Juzgados.

 ¿Podrá paralizar el desahucio mi inquilino tras la presentación de la demanda?

En caso de que se acredite que el inquilino está en situación de vulnerabilidad económica y social, podrá solicitar la paralización del desahucio por un máximo de 6 meses.

 ¿Quién me pagará la renta durante la moratoria por COVID-19?

El inquilino podrá solicitar una serie de ayudas, tales como los  préstamos ICO, y que deberá destinar obligatoriamente al pago del alquiler.

 ¿Qué ayudas tiene el propietario durante la moratoria por COVID-19?

En caso de que el arrendador también se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y social, los servicios sociales lo tendrán en cuenta para establecer el plazo de la moratoria y las medidas de protección social que correspondan.

 ¿Cuánto tiempo puede prorrogarse la moratoria del pago?

Se ha establecido un plazo máximo de 6 meses, pero será el Juzgado, atendiendo al criterio de los servicios sociales, quien decida si se reduce el plazo de moratoria o se alcanza el máximo fijado.

 ¿Es necesario contar con abogado y procurador para llevar a cabo el procedimiento de desahucio por impago de rentas?

Efectivamente, el procedimiento de desahucio en cualquiera de sus modalidades exige la intervención de abogado y procurador. Si estás pensando en iniciar un procedimiento de desahucio, en DESAHUCIADOR.com tendrás asesoramiento inicial por parte de abogados expertos en desahucios que sabrán cómo ayudarte a resolver tus problemas con los inquilinos.

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